Los 60 minutos que harían la diferencia en los recintos educacionales
Aprobada el mes recién pasado, la Ley de Estímulo a la Actividad Física y el Deporte en los Establecimientos Educacionales obliga a todos los colegios del país a garantizar 60 minutos diarios de movimiento desde párvulos hasta cuarto medio. La norma busca revertir el sedentarismo que hoy afecta al 82% de los escolares chilenos, versus apenas un 18% que realiza ejercicio tres veces por semana. Su implementación gradual, prevista desde 2027, enfrenta desafíos estructurales desde infraestructura y precariedad docente hasta desigualdad territorial, pero también lleva la oportunidad de redefinir la educación chilena.
En una sala del Instituto Santa María de Ñuñoa los pupitres están arrinconados contra la pared. En el centro, un grupo de estudiantes de séptimo básico recita un poema mientras acompaña los versos con gestos y desplazamientos. “La respiración también es parte del lenguaje”, dice la profesora, que mezcla ejercicios de teatro con elongaciones breves. No es un ensayo artístico ni una clase extracurricular: es la primera hora diaria de movimiento que el colegio incorpora como experiencia piloto tras la aprobación de la Ley de Estímulo a la Actividad Física y el Deporte en los Establecimientos Educacionales, despachada por el Senado el 15 de octubre de 2025 y hoy a la espera de promulgación por el Ejecutivo.
La medida, celebrada públicamente por el Presidente Gabriel Boric, busca, según sus propias palabras, que “más personas hagan deporte como un derecho, un hábito y una herramienta concreta para enfrentar el sedentarismo y la obesidad”. El mensaje, que en tono político suena a política de salud pública, encierra también una ambición pedagógica: reinstalar el cuerpo en el centro de la educación.
El entusiasmo inicial, sin embargo, convive con una inquietud que atraviesa pasillos y salas de profesores. La norma, que garantiza sesenta minutos diarios de movimiento para todos los estudiantes desde párvulos hasta cuarto medio, fue recibida como un hito educativo. Pero su aplicación expone la distancia entre la política pública y la vida cotidiana de las escuelas, un punto donde la legislación se encuentra con los límites materiales del aula. Implementarla implica repensar horarios, espacios y prácticas, para que el cuerpo deje de ser un accesorio del conocimiento y vuelva a situarse en el corazón de la experiencia escolar.
En entrevista con Doble Espacio, Belén Fierro Saldaña, doctora en Educación por la Pontificia Universidad Católica y profesora de Educación Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), lo resume en una idea clave: “Esta no debería ser solo una ley de actividad física, sino una ley del movimiento”. En su visión, el desafío no es que los estudiantes corran diez vueltas a la cancha, sino que el movimiento se integre como recurso pedagógico dentro de las clases de historia, lenguaje o matemáticas. “Pararse de la silla, representar un proceso histórico o realizar una pausa activa son también formas de aprender”, explica.
Del olvido legislativo al consenso transversal
El 15 de octubre de este año, tras casi ocho años de tramitación, el Senado despachó al Ejecutivo la Ley de Estímulo a la Actividad Física y el Deporte en los Establecimientos Educacionales. La iniciativa había nacido en 2017 con un propósito sencillo pero urgente: revertir el sedentarismo infantil. Lo que comenzó como una moción transversal impulsada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Pedro Araya (ind.-PPD), Carlos Bianchi, Guido Girardi (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS), terminó por convertirse en una política de Estado sostenida por tres gobiernos consecutivos.
A mediados de la década pasada, las cifras eran alarmantes: sólo un 18% de los escolares hacía ejercicio tres veces por semana y la obesidad infantil superaba el 50% en varias regiones. En 2016, Guido Girardi presentó una experiencia piloto junto a alcaldes de la Región Metropolitana. “Vamos a establecer por ley que los niños vayan a clases con buzo y que todos los días, antes de entrar, hagan quince minutos de trote”, decía entonces, inspirado en la “milla diaria” escocesa. La propuesta parecía de despacho rápido; sin embargo, quedó detenida entre comisiones, prioridades cambiantes y crisis sucesivas.
El estallido social de 2019 y la emergencia sanitaria del Covid-19 alteraron la agenda legislativa, pero también revelaron la fragilidad del modelo educativo vigente. El confinamiento multiplicó el sedentarismo y deterioró la salud mental de los estudiantes. Rodrigo Soto, investigador en políticas deportivas, lo sintetiza en una frase: “La pandemia evidenció que el cuerpo también es un territorio educativo. Los alumnos regresaron a clases con mayores niveles de ansiedad y desconexión física”. Esa constatación reactivó la discusión sobre una ley que, más que una medida sanitaria, comenzaba a leerse como una reforma pedagógica de fondo.
Cuando el Presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda en 2022, el proyecto fue retomado bajo una lógica distinta: el bienestar integral como eje de la política educativa. El gobierno pidió a los ministerios de Educación, Deporte y Salud elaborar un plan conjunto para su implementación. En enero de 2025, el Ejecutivo ingresó un paquete de indicaciones que fortaleció el carácter formativo de la norma y precisó que la hora diaria complementaría —y no reemplazaría— las clases de Educación Física. Era una manera de asegurar que el movimiento no quedara reducido a un espacio curricular, sino que se extendiera a la vida cotidiana de las escuelas.
El impulso coincidió con un clima social favorable. Un año antes, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 habían devuelto el entusiasmo por el deporte. Miles de niños vieron por televisión a deportistas nacionales triunfar en disciplinas que hasta entonces desconocían. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, lo expresó con claridad: “Los Panamericanos nos demostraron que el deporte tiene un valor educativo y formativo que debemos recuperar desde las escuelas”. La fiesta deportiva operó como catalizador político y cultural: el país volvió a hablar del cuerpo con orgullo y esperanza.
Una ley con sello interministerial
El 15 de julio de 2025, el ministro del Deporte Jaime Pizarro, junto a las subsecretarias de Educación, Alejandra Arratia, y Salud Pública, Andrea Albagli, presentó el proyecto ante la Comisión de Educación del Senado. “Tenemos una preocupación común: los altos niveles de inactividad física y malnutrición infantil”, explicó Albagli.
Por su parte, Francisco Chahuán (RN), uno de los autores originales, celebró la unanimidad con la que el Senado aprobó la norma: “Después de muchos años hemos sacado adelante una tremenda ley, que nos va a permitir tener 60 minutos diarios de educación física o recreativa. Esto nos va a permitir combatir el sedentarismo y la malnutrición que hoy afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Durante las sesiones en particular, la Comisión de Salud —presidida por el senador Juan Luis Castro (PS)— precisó los mecanismos de aplicación. La hora diaria podría fraccionarse en pausas activas, ejercicios de elongación o juegos integrados a otras asignaturas, adaptando la medida a la realidad de cada escuela. “Se trata de distribuir esa hora en pausas activas, elongaciones o ejercicios lúdicos”, comentó Castro. Pero el entusiasmo convivía con dudas sobre su viabilidad. Algunos parlamentarios alertaron sobre la falta de financiamiento y la ambigüedad jurídica del texto, que obliga a los colegios a “promover” la actividad física, sin establecer mecanismos de fiscalización claros.
La ley finalmente aprobada parte de una premisa concreta: todas las escuelas deberán garantizar al menos 60 minutos diarios de movimiento durante la jornada. No se trata de sumar más deporte competitivo, sino de incorporar la actividad física como parte del aprendizaje cotidiano. El texto legal define estas prácticas como “juegos, actividades físicas o deportivas de carácter formativo, lúdico e inclusivo, que favorezcan tanto la salud como la activación cognitiva”.
“Esto no implica modificar el currículum, sino convertir a las comunidades educativas en espacios donde haya más movimiento: clases más activas, recreos con juegos y momentos de actividad tanto al inicio como al cierre de la jornada”, aclaró la subsecretaria Alejandra Arratia.
Así, del olvido legislativo emergió un consenso transversal. La hora diaria de actividad física dejó de ser un ideal simbólico para convertirse en una política pública con vocación de permanencia. Quedaba, sin embargo, la tarea más compleja: pasar de la ley al aula; del papel al movimiento.
Sin apoyo material “quedará en la buena intención”
Belén Fierro Saldaña, doctora en educación y profesora de Educación Física, plantea una idea que redefine el sentido y alcance de la nueva normativa que se implementará: “Esta no debería ser solo una ley de actividad física, sino una ley del movimiento”. Para ella, el desafío no se limita a sumar más minutos de ejercicio en el horario escolar, sino a reconstruir la manera en que entendemos el aprendizaje.
“Pararse de la silla, representar un proceso histórico o realizar una pausa activa son también formas de aprender”, explica. En su visión, la actividad física no debe restringirse a la clase de Educación Física, sino atravesar todas las asignaturas como un recurso pedagógico integrador. De ahí la idea en que el movimiento puede incorporarse en una clase de historia, lenguaje o matemáticas como herramienta para conectar cuerpo y conocimiento.
Fierro sostiene que la hora diaria de actividad física puede “convertirse en un motor de cambio para la salud, el aprendizaje y la cohesión social”, siempre que sea una política inclusiva, significativa y construida colectivamente. El movimiento, dice, no debe verse como un anexo, sino como un lenguaje educativo y social capaz de fortalecer el bienestar y la convivencia.
Aunque su análisis parte de una advertencia: una norma sin condiciones materiales ni acompañamiento corre el riesgo de quedarse en el papel. “Esa ley debería venir con presupuesto asociado, porque de otro modo los colegios no van a poder implementarla con libertad. Hay que garantizar espacios seguros, materiales y acompañamiento técnico. Sin eso, todo quedará en la buena intención”, afirma. Fierro insiste en que el Estado debe asegurar tanto infraestructura como formación docente especializada para que la norma tenga sentido en contextos educativos diversos.
Además, argumenta que este cambio de paradigma en la educación exige revisar las bases de la formación inicial docente. “Las universidades vamos a tener que incorporar la dimensión corporal en todas las carreras pedagógicas. No basta con que los profesores de Educación Física se capaciten; todos los docentes deben comprender el valor del movimiento en los procesos de aprendizaje”, sostiene. En esa línea, Fierro advierte que el movimiento no solo favorece la salud física, sino también la salud mental y la convivencia escolar. “Hay evidencia que demuestra que moverse mejora el ánimo, reduce la ansiedad y fortalece la convivencia. No se trata de hacer cien abdominales, sino de recuperar el vínculo con el cuerpo”, explica.
«Moverse también es pensar»
Su mirada abarca también el entorno familiar. Para que la ley sea efectiva, las comunidades deben involucrarse en el cambio cultural. “Los padres tienen que entender que moverse es parte de aprender. Cosas simples: permitir que sus hijos usen zapatillas, que jueguen libremente, que se ensucien. Esa libertad también educa”, enfatiza Fierro.
El problema, advierte, es estructural. “La educación chilena es una estructura rígida, obsesionada con el rendimiento. Los colegios están tensionados por el SIMCE, la PAES y las notas. Cuesta cambiar esa mentalidad. Pero esta ley puede ser una oportunidad si se entiende que el bienestar y la alegría también son indicadores de aprendizaje”, dice la experta.
En su discurso, Fierro devuelve al cuerpo un lugar político dentro del aula. “El cuerpo no es un instrumento para el aprendizaje, es parte de él”, repite con convicción. Con esa frase interpela al modelo escolar tradicional que separa razón y emoción, mente y cuerpo, aula y patio. “Moverse es también pensar”, agrega, resumiendo una postura que combina pedagogía, filosofía y salud pública.
No se trata de disponer de grandes gimnasios, sino de aprovechar lo que ya existe. “No todos los colegios tienen canchas, pero todos pueden encontrar formas de moverse”, explica.
Una ley frente a la burocracia escolar
Si la ley fue recibida con entusiasmo, su implementación abre un debate más profundo: cómo transformar las escuelas sin convertir la norma en una carga. Rodrigo Soto Lagos, psicólogo e investigador en políticas públicas del deporte, advierte que “las escuelas no son gimnasios”. Lo dice con conocimiento de causa: desde 2015 ha estudiado cómo las prácticas corporales se insertan o se resisten a insertarse en la vida escolar. “Incorporar sesenta minutos diarios de actividad física no se logra por decreto. Exige acompañamiento, formación docente, recursos y reflexión pedagógica”, explica.
Su planteamiento apunta al corazón del problema: la distancia entre la política pública y la experiencia cotidiana del aula. En un sistema marcado por la presión del rendimiento y las pruebas estandarizadas, la idea de moverse puede chocar con estructuras rígidas, patios reducidos y cuerpos históricamente disciplinados. Soto lo resume en una advertencia pedagógica: “No basta con normar tiempos de juego, hay que preguntarse quién juega, cómo se juega y qué cuerpos tienen, o no, asegurado el derecho al movimiento”.
Las sociedades científicas también se han pronunciado. La Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe) y la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Escolar (Sochiese) calificaron la ley como una urgencia sanitaria y educativa. Según el doctor Iván Silva, del Comité de Pediatría Social, “el sedentarismo y el sobrepeso en niños y adolescentes alcanzan niveles críticos, poniendo en riesgo su bienestar físico y emocional”. Ambas organizaciones comprometieron apoyo técnico en la formación de docentes, el diseño de indicadores y la creación de entornos seguros para los estudiantes.
Nuri Sadá, presidenta de Sochiese, añadió que la ley debe leerse también como una política de convivencia. Su propuesta incluye incorporar las prácticas de movimiento en los planes de gestión escolar y garantizar vestimenta adecuada y espacios no discriminatorios. “No todos los colegios tienen cancha, pero todos pueden encontrar maneras de moverse si se prioriza la inclusión”, enfatizó.
La evidencia respalda esas preocupaciones. Estudios recientes señalan que la práctica regular de ejercicio mejora el ánimo, la concentración y los resultados académicos, además de reducir la incidencia de enfermedades crónicas. Sin embargo, el impacto real depende de cómo las comunidades educativas interpreten la ley. Para Soto, el riesgo está en reproducir lógicas de competencia: “Si no se cambia la cultura del rendimiento, terminaremos midiendo quién corre más, no quién aprende mejor”.
La Ley de Estímulo a la Actividad Física y el Deporte en los Establecimientos Educacionales marca un precedente en la política educativa chilena. Su aprobación unánime en el Congreso, tras ocho años de tramitación, refleja un consenso transversal sobre la urgencia de combatir el sedentarismo infantil y de reinstalar el cuerpo en el centro del aprendizaje. Ahora resta su promulgación por el Ejecutivo y la puesta en marcha del plan interministerial que deberá transformar esta norma en una práctica cotidiana. El verdadero impacto de la ley dependerá de su implementación en aulas, patios y comunidades: si logra pasar del papel al movimiento y convertir el sistema escolar chileno en un espacio donde el bienestar, la salud y el aprendizaje caminen juntos.
