Las más de 4 mil muestras genéticas que han permitido identificar restos óseos de víctimas de la dictadura
En los últimos días previos a las elecciones, los candidatos presidenciales Johannes Kaiser y Evelyn Matthei han cuestionado la labor del Servicio Médico Legal (SML) al declarar que existen osamentas de víctimas de la dictadura sin periciar: “Es bien raro que estén buscando cuando tienen no sé cuántas cajas de osamentas a las que todavía no les han hecho el test de ADN. Muy mal hecha la pega”, acusó Kaiser. Doble Espacio tuvo acceso a datos del SML que demuestran lo contrario a lo dicho por los candidatos y que explican cómo se desarrollan los procesos de identificación genética. Esta labor realizada desde el año 2007 por el Servicio Médico Legal, ha sido crucial para sostener la memoria, hacer justicia y cerrar los duelos postergados con la identificación de 307 víctimas hasta la fecha, correspondientes a todas las osamentas periciadas.
Por Loretto del Canto
Hace 52 años el Estado de Chile carga con la responsabilidad de duelos, heridas y cicatrices. Su historia se escribe con la culpa de ser cómplice de la persecución política y de las torturas, detenciones, desapariciones y ejecuciones de 40.175 víctimas calificadas, según cifras de las distintas Comisiones de Verdad y la Subsecretaría de Derechos Humanos. De acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante el periodo de 1973 y 1990, se estima que la dictadura militar fue responsable de 1.469 víctimas de desaparición forzada (Nómina de víctimas de desaparición forzada). De esta cifra, 1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas y 377 a personas ejecutadas sin entrega de cuerpos. Hoy, el Servicio Médico Legal solo ha podido identificar a 307 víctimas.
La inversión económica para habilitar un centro de toma de muestras —capaz de recibir y resguardar muestras para la creación de un banco de perfiles genéticos destinados a la identificación de restos óseos— comenzó en el año 2007, con su primera ubicación en la calle Teatinos, ciudad de Santiago. Posteriormente, surgieron las campañas comunicacionales para incentivar a los familiares a entregar su ADN: la primera en 2009, bajo el lema Vive en nosotros, te llevamos en la sangre; y luego en 2014, fue reactivada bajo el nombre Una gota de sangre, por la Verdad y por la Justicia. Dichas iniciativas se crearon en manos del exdirector del Servicio Médico Legal (SML), el doctor Patricio Bustos —también víctima de detención política y tortura— en conjunto con el Ministerio de Justicia, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados. Este hito fue el primer paso para materializar los procesos de reconocimiento de hallazgos sobre víctimas de la dictadura cívico-militar.
Así lo recuerda la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine (AFDDyE Paine), Flor Lazo: “El doctor Patricio Bustos fue vital en la entrega de los restos. Pero más que entregar los restos, él compartió nuestro dolor y eso hizo a nosotros inolvidable su presencia en ese momento (…) Fue un recuerdo enorme, triste, emocionante, pero él nos ayudó muchísimo para reconstruir nuestra historia”. Flor Lazo es hija Samuel Altamiro Lazo Quinteros (49), hermana de Samuel del Tránsito Lazo Maldonado (24) y Luis Rodolfo Lazo Maldonado (20), y sobrina de Carlos Enrique Lazo Quinteros (41), todos ellos víctimas de la dictadura.
La comuna rural ubicada a 44 kilómetros de Santiago alberga el dolor de los familiares de setenta personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas. Lugar que registró la mayor cantidad de víctimas de la dictadura en comparación al número de sus habitantes, que, según registros del Censo de 1970 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante la época bordeaba los 22.000 pobladores.
De acuerdo con la base de datos de la investigación Levantamiento, registro y sistematización de información de víctimas de violaciones a los derechos humanos de Paine, elaborada por Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entre los años 2012 y 2013, los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos eran en su mayoría personas sin militancia política y obreros agrícolas, pero también la lista tiene a profesores, mecánicos, estudiantes, campesinos y comerciantes. Todos ellos hombres de una edad entre 17 y 54 años que confiaron en la Reforma Agraria profundizada por el expresidente Salvador Allende, comprometidos con la transformación de las condiciones laborales y de la pobreza que caracterizaba el campo en Chile, y que por esta razón fueron perseguidos y asesinados.
El documento Detalle de los hechos acreditados en causa “Paine Principal”, explica que durante la madrugada del día 16 de octubre de 1973, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo comandada por el capitán Jorge Eduardo Romero Campos, salieron desde el campo de prisioneros del Cerro Chena a cargo del teniente Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau y los subtenientes Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, en un camión marca Dodge de color rojo conducido por el civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez, con el objetivo de detener a 22 personas en la localidad de Paine. Entre ellos se encontraban Samuel Altamiro Lazo Quinteros, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Luis Rodolfo Lazo Maldonado y Carlos Enrique Lazo Quinteros, quienes fueron allanados y detenidos de forma ilegal sin una orden previa desde el interior de sus viviendas en el asentamiento Nuevo Sendero. Todos los detenidos de esa madrugada fueron trasladados hasta la quebrada Los Arrayanes, sector Los Quillayes, en las inmediaciones del Lago Rapel, lugar en que fueron fusilados por los militares y el civil que los acompañaba.
En el año 2010 el Servicio Médico Legal, por medio de la campaña Una gota de sangre, por la verdad y la justicia, y en conjunto al ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, identificó a diez de las víctimas detenidas el 16 de octubre de 1973, entre ellas se encontró a uno de los hermanos de Flor, Samuel Del Transito Lazo Maldonado, y a su tío Carlos Enrique Lazo Quinteros. Estos hallazgos sirvieron de evidencia para condenar en 2022— luego de 49 años— a los 11 ex uniformados responsables por el homicidio calificado de los 38 trabajadores en la causa Paine Principal, específicamente por lo ocurrido en la cuesta Chada y la quebrada Los Quillayes el 3 y 16 de octubre de 1973, a manos de la Escuela de Infantería de San Bernardo. La sentencia de la Corte Suprema dictaminó la condena al capitán del Ejército Jorge Romero Campos, subteniente del Ejército Arturo Fernández Rodríguez, el capitán de Carabineros Nelson Bravo Espinoza, el cabo José Vásquez Silva; y a los conscriptos Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera, Carlos Durán Rodríguez, Roberto Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza, Víctor Sandoval Muñoz y Raúl Francisco Areyte Valdenegro.
Hoy, el recuerdo de la familia Lazo se encuentra plasmado en los mosaicos que construyeron las familias de las setenta víctimas en el Memorial de Paine. Entre las piezas de cerámica, Flor Lazo recuerda a su padre Samuel, las conversaciones que tenían en la mesa y sus objetos más preciados: el coche, los caballos y su chupalla.
Identificación de osamentas
En la actualidad la campaña comunicacional Una gota de sangre, por la verdad y la justicia no continúa en vigencia. Sin embargo, esto no significa que el Servicio Médico Legal no tome muestras de ADN a los familiares de víctimas de la dictadura. La directora del SML, Marisol Prado, menciona que realizan “mini campañas de una forma más dirigida”. Además, agrega que: “Hemos aprovechado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda las distintas reuniones y seminarios que el programa ha hecho con agrupaciones en todo el país. En esos espacios hemos solicitado que todos aquellos que conozcan algún familiar o tengan relación con algún familiar que no haya entregado una muestra antes al Servicio Médico Legal, nos permita su contacto para nosotros ir a hablar con esa persona y solicitarle una muestra dirigidamente”, explica.
La labor de años por reunir muestras de material genético se evidencia en las tablas de datos adjuntas a continuación, obtenidas por medio de una solicitud de transparencia realizada al Servicio Médico Legal. El proceso de la toma de muestras de familiares de detenidos desaparecidos data del año 2007 y hasta la fecha se tiene en el banco del SML 4.351 muestras. De ellas, 4.133 son sanguíneas y 218 fueron realizadas de forma póstuma, es decir, se extrajo ADN de las osamentas de familiares fallecidos.
Inclusive, el documento indica que en el extranjero se han obtenido un total de 132 muestras en los siguientes países, siendo Suecia el país extranjero con mayor participación: Alemania (N=5), Argentina (N=13), Australia (N=6), Bélgica (N=1), Bolivia (N=2), Bosnia (N=3), Brasil (N=5), Canada (N=10), Ecuador (N=1), Estados Unidos (N=10), España (N=7), Francia (N=13), Hungría (N=13), Inglaterra (N=2), Israel (N=2), Italia (N=1), México (N=3), Paraguay (N=1), Perú (N-1), Polonia (N=1), Suecia (N=33), Suiza (N=1), Uruguay (N=10).
Por otra parte, la tabla a continuación señala la relación entre el número de muestras tomadas cada año en Chile y el extranjero, desde 2007 hasta marzo de 2025. Durante el año 2009 se registró la mayor cantidad de muestras con 1.553 obtenidas. Además, los datos más recientes indican que aún existe un gran interés de las familias por encontrar a sus seres queridos.
Hace un año, bajo el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, se realizó una reestructuración en el Servicio Médico Legal. Se dividió a los peritos, antropólogos y arqueólogos en una unidad que trabaja con la Fiscalía, es decir, la Unidad de Casos Complejos, y en otra, la Unidad de Víctimas de Dictadura. “Son antropólogos y arqueólogos que han trabajado desde siempre con nosotros, pero le dimos la oportunidad que se separaran para poder dar exclusividad y priorización a los casos (de dictadura). Porque tenían que tomar casos de Fiscalía y casos de derechos humanos y eso retrasaba el proceso, debido a que los casos de Fiscalía son de los homicidios que van ocurriendo, entonces son algo más dinámico y son muchos. Si no nos separábamos y no teníamos una unidad que diera exclusividad, nunca íbamos a poder trabajar al ritmo que necesitamos hoy”, explica Marisol Prado, directora del SML.
Las labores de reconocimiento de la Unidad de Víctimas de la Dictadura pueden comenzar únicamente por solicitud de un oficio de los ministros en visita, es decir, los trabajos de identificación del SML se dan exclusivamente por mandato judicial. Al recibir esta solicitud, en primer lugar, a los hallazgos óseos se les realiza una prueba de Carbono 14, método que se basa en determinar la edad de un resto orgánico, en este caso para comprobar si corresponde al periodo entre 1973 y 1990.
Luego, al corroborar que pertenece a la época de la dictadura, se toma una muestra de las osamentas y se coloca en unas tarjetas especiales para identificación genética. Queda una muestra en el banco de datos del Servicio Médico Legal, otra es enviada para resguardo a la Cruz Roja de Ginebra, y otra muestra va al laboratorio GMI en Austria, que es el encargado de realizar el informe que entrega los perfiles al SML. Finalmente, el Servicio Médico Legal hace los cruces de datos para comprobar que la información genética que fue tomada en los laboratorios extranjeros haga match al 99% con alguna de las 4.351 muestras de ADN de las familias que están esperando una respuesta.
Según explica la directora Marisol Prado, este proceso puede demorar entre seis meses y dos años. Sin embargo, depende de la calidad de la muestra ósea, ya que una vez que los cuerpos fallecen se comienzan a degradar, sobre todo si fueron inhumados.
Desde el año 2007 hasta la fecha, de las 1.469 personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos, el Servicio Médico Legal ha logrado identificar solo a 307 víctimas. De esta cifra, 185 han sido identificaciones genéticas, es decir, por medio de los cruces de ADN proporcionados por la toma de muestras de familiares (Listado víctimas de violación a los DD.HH. identificadas por ADN). Pero de esas personas, hay 181 que son de víctimas calificadas y cuatro que son víctimas no calificadas. Esto significa que, aunque los tribunales han determinado que son víctimas por violencia de Estado y que estaban desaparecidas, al nunca haber sido denunciadas en las comisiones de verdad y justicia, no tuvieron la posibilidad de quedar en el listado de víctimas detenidas calificadas. Por lo tanto, al ser reconocidas por medio del proceso de identificación de osamentas, la lista de 1.469 personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos cada vez aumenta.
Las tablas que se presentan a continuación, entregadas por el Servicio Médico Legal, muestran las identificaciones por ADN de 185 personas, realizadas anualmente desde 2007 hasta la fecha, junto con los casos judiciales a los que están asociadas. De acuerdo con los datos, el año 2010 registró la mayor cantidad de identificaciones, con un total de 55 víctimas, la mayoría de ellas vinculadas al caso del Patio 29.
Al momento de la publicación de este reportaje, el Servicio Médico Legal confirma que en su poder no tiene restos óseos sin periciar. Esto, al ser consultado por las doce personas que faltan por identificar en la localidad de Paine sobre el episodio ocurrido el 16 de octubre de 1973. “Nosotros seguimos en búsqueda, lo que no significa que nosotros tengamos evidencia de que no hayamos periciado”, declara la directora Marisol Prado.
Evidencia científica contra el negacionismo
Es indiscutible que la solución de la verdad y justicia estatal para las víctimas de la dictadura llegó tarde. Las familias fallecen cansadas y rendidas sin tener una respuesta sobre sus seres queridos desaparecidos. Cada día que transcurre, es mayor la dificultad para encontrar osamentas y que además estas tengan el material genético necesario para su identificación.
Día tras día con abandono y olvido en las víctimas, la impunidad de los perpetradores de la violencia sistemática ejercida en la dictadura de Augusto Pinochet es más evidente. Comúnmente enfrentados a la impunidad biológica fallecen sin una condena, porque el Poder Judicial también les falló a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
«Completar el banco genético para lograr identificar es un esfuerzo estatal de muchas instituciones a lo largo de los años y que sigue vigente, mediante contactos con organizaciones, familiares, procesos judiciales. No se agota en una campaña comunicacional como las que han existido, sino que es un trabajo interinstitucional de varias décadas. En este momento se están preparando campañas de sensibilización y para promover entrega de información del Plan Nacional de Búsqueda», declara el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A pesar que el Plan Nacional de Búsqueda fue un decreto realizado a 50 años del golpe militar en Chile, nuevamente es una política tardía e inestable en el tiempo. “Claramente llegamos tarde. Nosotros estamos haciendo un Plan Nacional de Búsqueda 50 años después y que, hasta el día de hoy, a pesar de que va a cumplir dos años, sigue siendo un decreto y no es una política”, menciona la directora del Servicio Médico Legal.
También se refiere a esta situación, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile e hijo del exdirector del SML Patricio Bustos, Rodrigo Bustos: “Nuestra preocupación, y se lo hemos planteado al ministro de Justicia en particular, es que se hagan todas las acciones para que este Plan Nacional de Búsqueda no sea una política del gobierno de turno, sino que sea una política permanente. Hasta ahora ha tenido el apoyo en el Congreso de distintos sectores políticos, pero eso no está asegurado y en ese sentido hacer todo lo que se pueda para poder dejar mayormente afirmada las contrataciones de los equipos que están realizando estas labores y una mayor regulación jurídica respecto al decreto que tenemos actualmente”, declara.
Un decreto e iniciativas que además se encuentran en peligro por el ascenso del negacionismo y la extrema derecha en nuestro país. “Con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, podemos ver sin lugar a duda que hay sectores que de alguna forma políticamente se sienten herederos de lo que fue el régimen de Pinochet y que muchas veces hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace 10 o 12 años, lo reivindican, justifican, validan la tortura y plantean como inevitables las muerte y desapariciones. Es muy grave”, explica Rodrigo Bustos.
Sin embargo, las labores realizadas con los 307 hallazgos e identificaciones de víctimas de la dictadura hacen frente al discurso del “nunca fue”. Así lo menciona la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado: “Hoy, nuestro rol es aportar en la mayor cantidad de causas posibles con la verdad científica y técnica de investigación documental para poder estar por sobre ese negacionismo que quiere negar lo que es evidente. Y que, por lo tanto, la verdad científica y técnica sea la que prevalezca”.
