Los desconocidos antecedentes del Caso Convenios en Los Lagos
Fue el 19 de octubre de 2022 cuando se aprobó la contratación directa de diversas corporaciones privadas por parte del Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos. En junio del 2023, y en medio de las indagaciones a nivel nacional por el Caso Convenios, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio por irregularidades en la contratación de estas fundaciones, entre ellas estaban Chinquihue, Participa y la corporación Kimün. Doble Espacio tuvo acceso a la carpeta investigativa de la indagatoria que lleva la fiscalía de Los Lagos: allí se detalla toda una nueva trama, de negociaciones y artimañas, hasta ahora desconocida que revela los principales e irregulares antecedentes sobre cómo se llegaron a presentar y aprobar estos convenios dentro de la gobernación, que involucraría los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y cohecho.
Doble Espacio accedió a declaraciones y antecedentes exclusivos de la investigación del Caso Convenios y su arista en la región de Los Lagos. Durante el pasado mes de septiembre el Ministerio Público puso fin a las diligencias en contra de la Fundación Kimün, organización a la que el gobierno regional traspasó $1.200 millones; Kimün era dirigida por Jaime Huincahue, hoy acusado de recibir tales fondos para ejecutar programas de saneamiento de títulos que nunca se desarrollaron y cuyos recursos no han sido devueltos.
El caso, que se abrió por medio de un oficio el 29 de junio de 2023, tiene como principales imputados —además de Huincahue— al excandidato presidencial de Lista del Pueblo, Diego Ancalao; a la exadministradora regional bajo la administración de Patricio Vallespín, Viviana Godoy; a la exjefa de Fomento del GORE, Gloria González; al funcionario de dicha gobernación Rodrigo Fuentes y a la lobbista Viviana Guzmán.
Entre los delitos, el fiscal Marcos Muñoz Becker, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Los Lagos, indagó la figura de fraude al Fisco, lavado de activos y cohecho. A raíz de esto, gran parte de los acusados arriesgan penas que van desde los 4 a 12 años de presidio, de acuerdo a lo solicitado por organismo persecutor.
Quien también realizó solicitudes ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, pero el pasado lunes 6 de octubre, fue el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Tejos. El querellante, según informó Radio Bío Bío, pidió que se aplazara en cinco meses la audiencia de preparación de juicio oral de la arista Kimün, por lo que el tribunal decidió dejar el desarrollo de la instancia para el próximo 9 de marzo de 2026, “con la finalidad de que se pueda revisar acabadamente la prueba, los testimonios y así preparar mejorar la defensa”, explicó Tejos a dicho medio.
En una serie de reportajes, Doble Espacio revela declaraciones inéditas de funcionarios de la gobernación. Hoy, publica la versión que dieron ante la fiscalía la administradora Viviana Godoy y el propio Vallespín. Y es que en la investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra la confesión que hizo la lobbista Viviana Guzmán sobre pagos a funcionarios públicos, y la eventual amenaza que habría recibido el exseremi de Bienes Nacionales Pablo Flores —por parte de Gloria González— para que la secretaría respaldara los traspasos tanto a Kimün como a otras fundaciones, entre ellas, Participa, la cual también recibió $1.200 millones de GORE Los Lagos.
El máximo de la meta presupuestaria
Según la declaración de Viviana Godoy a la Fiscalía, fue a mediados del 2022 cuando el entonces gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, les ordenó a los jefes de división de las unidades técnicas en la gobernación que ejecutaran “todo el presupuesto y logren el máximo de la meta (presupuestaria) posible”.
La instrucción de Vallespín habría sido consecuencia de los más de $30 mil millones de pesos no gastados que la gobernación de la región de Los Lagos poseía en ese momento. Según lo dicho por el exgobernador en su testimonio ante la Fiscalía el 2 de agosto del año pasado, la situación se dio por “los efectos en la economía que produjo la pandemia, lo que generó paralización y abandono de obras, imposibilidad de reajustabilidad de costos e incluso quiebras” y, para el GORE, supuso una ejecución presupuestaria que apenas superaba el 30% y ponía en riesgo el alcanzar la meta de 99.6% de eficiencia para fin de año.
Frente a este escenario, Vallespín puso a todos los equipos de su gobernación —como la División de Fomento e Industria (DIFOI), la división jurídica, la división de presupuesto, entre otras— a generar convenios y establecer contratos directos con externos que permitieran cumplir con la meta presupuestaria del 2022.
Godoy comentó en su declaración que, en medio de este trabajo de las divisiones, el exgobernador habría impartido una instrucción específica a solicitud de los consejeros regionales de Los Lagos: encontrar organizaciones que realizaran programas de saneamiento de títulos, es decir, instituciones que se encarguen de regularizar la propiedad de terrenos de la región.
Las personas que trabajaban en la gobernación no solo estaban a contra reloj —tenían un mes para encontrar organizaciones adecuadas para estos fines—, sino que también debieron sortear una principal dificultad: no había instituciones disponibles para saneamiento de título en la región. Según palabras de la ex administradora Godoy al fiscal de la causa: “La Gloria (González, jefa de DIFOI) le dijo (al gobernador) que no tenían instituciones disponibles. En esa fecha ya estábamos a punto de tener que presentar los programas al Consejo Regional y el gobernador dijo que siguiéramos buscando”.
Después de que DIFOI encontrara a Kimün y Participa para realizar los saneamientos, Vallespín —junto a Viviana Godoy y Gloria González— presentó a ambas fundaciones en el Consejo Regional del 18 y 19 de octubre del 2022. Allí, según lo testificado por Godoy, el exgobernador le habría dicho a los consejeros que “aquí estamos asumiendo un riesgo”, ya que existía la posibilidad de trabajar junto a organizaciones con las que el Gobierno Regional nunca había colaborado antes y de las cuales, debido al apremio por presentarlas en octubre, no se sabía tanto: de hecho, según lo que Godoy mencionó al fiscal de la causa, “la información (sobre las instituciones) no estaba completa ni disponible”.
A pesar de aquello, el equipo técnico del entonces gobernador y el mismo Vallespín recomendaron tanto a Kimün como a Participa, las cuales fueron aprobadas por el Consejo Regional casi en su totalidad —solo hubo una abstención— pese a que algunos consejeros presentaron sus dudas respecto a los datos incompletos que poseían de ambas fundaciones.
Según la declaración de Godoy, a Vallespín “no le interesaba” que la información sobre las instituciones “fuera perfecta”, sino viable. Incluso, la exadministradora afirmó a la fiscalía que el gobernador “podría haber dicho que le faltaba información, que no se subiera a tabla, que no ejecutaremos esos recursos”, pero no lo hizo.
En el Consejo Regional del 19 de octubre, a petición de los consejeros para ampliar los programas a otros sectores de la región, se decidió en la misma sesión —con la autorización del gobernador— duplicar el presupuesto inicial para la Fundación Participa y Corporación Kimün. Se entregaron $1.200 millones de pesos a cada una de las instituciones.
«La responsabilidad de resguardo de los recursos públicos era del gobernador»
Después de la aprobación a favor de Kimün y Participa, Vallespín debía firmar los convenios y, tras eso, la Contraloría General de la República (CGR) tendría que haber tomado razón de estos para que la gobernación traspasara entonces los recursos destinados a ambas organizaciones; sin embargo, este proceso tuvo complicaciones que derivaron en un traspaso apresurado de los fondos sin la toma de razón de la entidad fiscalizadora.
En su declaración ante la fiscalía de Los Lagos, Vallespín dijo que, antes de irse de vacaciones —en específico el 12 de diciembre del 2022—, firmó el convenio de transferencia de recursos, el cual involucraba todo el acuerdo de trabajo entre la gobernación y las entidades ejecutoras —entre ellas Kimün y Participa—, pero, debido al comienzo de su descanso el 16 de diciembre, no alcanzó a firmar la resolución que aprueba el tratado de transferencia de recursos, el cual fue suscrito por su subrogante como gobernador, Viviana Godoy.
Godoy afirmó posteriormente a los investigadores del caso que, antes de irse de vacaciones, el gobernador “sabía que la toma de razón (de Contraloría) probablemente no iba a suceder antes del 31 de diciembre”. Por lo mismo, tras consultar al departamento jurídico del GORE y ante el apremio por alcanzar la meta presupuestaria, la gobernación transfirió los recursos —en el caso de Kimün fue el 100% de ellos, es decir, los 1.200 millones— a las instituciones sin la toma de razón aprobada de Contraloría.
Vallespín aseguró en su testimonio ante la entidad persecutora que él no fue “informado ni consultado por ningún miembro del equipo directivo sobre la decisión de hacer las transferencias de recursos de los programas sin la toma de razón”. Incluso, el exgobernador aseveró a los investigadores que “si hubiese estado en el uso de mis funciones no lo hubiera autorizado”.
Sin embargo, Viviana Godoy testimonió que, en ese momento, los convenios se pagaron en su totalidad para “poder ejecutar el presupuesto” tras las órdenes dadas por Vallespín a los jefes de división de la gobernación.
Para Godoy “era imposible que (Vallespín) no supiera qué jurídica hacía transferencias sin toma de razón. Y así lo de los pagarés, porque él mantenía contactos con todos, siempre hablaba con Mauricio Saavedra (jefe de la DIPRES)”.
Es más, la administradora, detalla que el gobernador, le “dio la competencia de mantener la relación más cercana con la contralora”, ya que el GORE “tenía una alianza estratégica para facilitar los procesos de toma de razón en temas de los convenios”.
En este sentido, la exadministradora declaró a los investigadores que, para ella, la instrucción de su jefe directo puso al cumplimiento de la gestión de presupuesto por sobre el deber de cuidar el patrimonio público. “La responsabilidad de resguardo de los recursos públicos era del Gobernador”, recalcó.
Si bien Vallespín fue informado de su calidad de imputado cuando fue a prestar declaración, el Ministerio Público decidió el recién pasado 9 de septiembre no perseverar en su contra por la investigación de los convenios.
Tras este anuncio, el exgobernador —hoy fuera del país— comentó a través de un video en su Instagram que la decisión de la fiscalía demostró lo que siempre dijo: “No tengo nada que esconder porque no he cometido nada, directa o indirectamente, que pueda constituir un delito”.
“Sí sabía que la Gloria había amenazado al Seremi”
En contraposición a Vallespín, declaraciones de la exadministradora del Gobierno Regional, Viviana Godoy, detallan una reunión fallida entre la exjefa de la División de Fomento e Inversión, Gloria González, y el Seremi de Bienes Nacionales, Pablo Flores. Tras un desacuerdo técnico, Godoy afirma que hubo una amenaza vinculada a las prioridades y proyectos del año siguiente, además de gestiones políticas para destrabar el impasse. “Sí, yo lo amenacé, porque él no me quería apoyar en la ejecución de estos programas porque decía que estos no eran necesarios”, habría reconocido González, según el testimonio de Godoy.
Tras la duplicación de montos y la carrera por ejecutar, la mesa con Bienes Nacionales se volvió el punto de choque. En ese escenario, Gloria González, con los convenios en marcha y los plazos al cuello, buscó que la Seremi de BB.NN actuara como facilitadora del levantamiento masivo de saneamientos. Pero Flores respondió que ese trabajo era competencia del propio ministerio.
“La reunión fue complicada”, recuerda Viviana Godoy al reconstruir ese episodio. “Bienes Nacionales nos dijo que ese trabajo debían hacerlo ellos, no terceros.”
El encuentro, dice, se tornó tenso desde el inicio: González insistía en acelerar la ejecución, mientras el Secretario Regional Ministerial advertía que su oficina no tenía capacidad para asumir el volumen que exigía el cronograma. “Con los plazos encima, necesitábamos que la Seremi habilitara el levantamiento, pero ellos respondieron que no tenían equipos para absorber ese ritmo”, añadió.
En base al mismo testimonio, fue entonces cuando el tono cambió. González habría condicionado la colaboración de su secretaría regional a cómo se definirían los proyectos y prioridades del año siguiente. “Sí, yo lo amenacé”, le habría reconocido más tarde a Godoy, explicando que lo hizo porque Flores “no me quería apoyar en la ejecución de estos programas, porque decía que estos no eran necesarios.”
Según Viviana Godoy, el desacuerdo con Bienes Nacionales escaló hasta romper la relación de trabajo entre ambas instituciones. La funcionaria asegura que sabía que Gloria González había amenazado al Seremi Pablo Flores durante una reunión en que el GORE buscaba que la cartera validara las carpetas de los programas de saneamiento ejecutados por Kimün y Participa.
El desenlace fue inmediato. Tras el altercado, el Seremi Pablo Flores le manifestó que no seguiría trabajando con Gloria González. La tensión había superado el margen institucional: Bienes Nacionales no sólo rechazaba el diseño del programa, sino que ahora ponía distancia con la División de Fomento del GORE.
“El Seremi me dijo que no estaba dispuesto a seguir trabajando con Gloria por el trato”, recuerda Godoy. Desde ese momento, las comunicaciones entre ambas reparticiones se interrumpieron. En paralelo, Nicolás Díaz, jefe de gabinete del gobernador, intervino para intentar restablecer el vínculo. “Fue Nicolás quien se hizo cargo de esa conversación con el Seremi. Me dijo: ‘No te preocupes, yo estoy hablando con él’”, relató.
La gestión no quedó solo en el nivel regional. De acuerdo con el mismo testimonio, el propio gobernador Patricio Vallespín reconoció la magnitud del problema y admitió internamente que González “se había desubicado”.
“El gobernador me dijo: ‘Pucha, la Gloria se desubicó, y yo voy a hablar con la ministra como para resolver este problema y lograr un acuerdo’”, añadió Godoy, en referencia a la entonces ministra de Bienes Nacionales.
Con ese gesto, el conflicto pasó de una disputa administrativa a un asunto político. El GORE buscaba evitar que el impasse escalara y comprometiera la ejecución de fin de año. Según Godoy, incluso se planteó apoyar a la Seremi con recursos y personal, para que Bienes Nacionales pudiera procesar las carpetas sin detener el flujo de los programas. “En el fondo, Bienes Nacionales no estaba dispuesto a hacer contraparte técnica de esos programas”, señaló, explicando que la cartera había cerrado filas frente a un diseño que consideraba fuera de sus atribuciones.
Desde entonces, el puente entre ambas instituciones se debilitó. Las fundaciones siguieron trabajando, pero sin la cobertura técnica plena del ministerio, y cada avance requirió mediaciones políticas más que coordinaciones formales. Lo que comenzó como una diferencia técnica terminó convirtiéndose en una grieta de confianza entre el GORE y Bienes Nacionales, con consecuencias que se proyectarían sobre la trazabilidad y el control del programa en los meses siguientes.
Doble Espacio solicitó la versión del actual administrador municipal de Llanquihue, Pablo Flores, a través de múltiples gestiones con su equipo de prensa. Flores respondió que prefería no referirse al tema.
“Recordaba haber escuchado de Kimün”
En medio de la premura de la Gobernación por gastar la totalidad del presupuesto, el poco control de entrega de fondos, además de la falta experiencia en el trabajo con instituciones privadas, surge la figura de Kimün. Pero, ¿quien recomendó a dicha corporación?
Al menos 10 funcionarios del GORE de Los Lagos —entre ellos Gloria Gonzalez y Viviana Godoy—, mencionan a Rodrigo Fuentes Silva (56) como el principal impulsor de la corporación. Un analista sectorial del Área de Fomento e Innovación de la División de Fomento e Industria, quien trabajó en la entidad pública desde 1996 hasta que fue despedido a raíz del escándalo de la fundaciones.
Según lo que el propio Fuentes Silva declaró 25 de julio del 2023, a eso de las 09:50 horas, frente al Subprefecto de la PDI, Luis Marín Vera, su funciones iban desde “realizar un análisis técnico de propuestas o iniciativas de preinversion que potencialmente pudieran ser financiadas por el Gobierno Regional, a “hacer el seguimiento y evaluación de programas en ejecución” que son “aprobados por parte del GORE”. Y es él mismo quien reconoce haber propuesto a Kimün, luego de que Gloria González, le ordenara buscar una fundación.
“Debo indicar que, debido a mis más de 26 años de trabajo, entre ellos con comunidades indígenas, lo que suma una gran cantidad de contactos, es que recordaba haber escuchado acerca de una Corporación Kimün”, dijo.
Rodrigo por ese entonces, estaba en Osorno. No recuerda si consiguió el contacto a través del “sitio web” de la corporación o por “intermedio de una persona”. Pero, luego de aquello, dio con el contacto del presidente de Kimün, Jaime Huincahue. Donde mantuvo contacto vía teléfono y mail, hasta que se aprobó el convenio y se entregaron los recursos.
En Osorno, Fuentes Silva habló por primera vez con “Jaime Huincahue y le comentó respecto del programa de saneamiento de la Tenencia Irregular de la Propiedad Rural”. En la llamada, Rodrigo confiesa haber recibido tres antecedentes relevantes del caso: que Huincahue, “reconoce haber realizado trabajos anteriores”, cuando Kimün no contaba experiencia, y que tampoco existía con un equipo que ejecutará el proyecto, porque “tenía que reunirlos”; otra dato importantes que Fuentes expuso ante el policía, es que “cuando se envió la lista de profesiones, no se adjuntaron los curriculum”, pero que “debido a la premura, eso no fue mayormente cuestionado, porque confiamos en la información que Kimün nos enviaba”.
Por último, se refiere el rol que habría tenido Gloria González en el caso: “Yo junto a mi jefa de división, evaluamos los antecedentes que enviaron desde la corporación Kimün vía correo electrónico”; en paralelo mencionó la responsabilidad de otro funcionario en la entrega del dinero. “Todo lo que tiene que ver con la entrega, uso y rendiciones de los fondos comprometidos están a cargo de la División de Repuestos e Inversión Regional, cuyo jefe de División es don Mauricio Saavedra Moreno”.
De acuerdo a un Informe Policial N°01187 del 14 de agosto de 2023 —que contiene gran parte de las declaraciones expuestas en este artículo—, Fuentes Silva nunca se refiere al nombre de Viviana Guzmán y mucho menos dice haber recibido dinero para adjudicar a Kimün los $1.200 millones. Eso ocurrirá más adelante, cuando la lobbista confiese todo.
“Reunión a puertas cerradas»
La trama de pagos a, al menos, un funcionario público del Gobierno Regional de Los Lagos para que se le adjudicará el convenio a la Fundación Kimün, comenzó a concretarse cerca del 11 de enero de 2023, en una reunión entre los cabecillas de la organización y la gestora de intereses, Viviana Guzmán. Así lo relató el 12 de agosto de ese año, ante el Subprefecto Luis Marín Vera, de la Policía de Investigaciones (PDI), Eugenio López Atala —quien trabajaba para la fundación—. Había pasado cerca de una semana desde “la fecha que se recibió el dinero (los 1.200 millones)”, dijo.
López Atala estaba junto a Jaime Huincahue, el presidente de la fundación, la tesorera Rosalía Currimil y Guzmán. “Fue un día durante la tarde, en dependencias de la Casa Central del IP y CFT Los Lagos, específicamente en la Oficina de Rectoría”, narró ante la autoridad policial. Todo ocurrió “a puertas cerradas” a eso de las 15:30 horas, luego de que el mismo Huincahue invitara a Eugenio al lugar, para así pagarle a Viviana Guzmán.
El monto era para costear según Atala, “servicios de asesoría que ella prestaría para el programa de saneamiento de por intermedio de una consultora que no sé si era de ella o de un conocido de ella”.
Ya en en la oficina de Jaime Huincahue, el presidente de la corporación le entregó el dinero: cerca de “50 millones de pesos en efectivo” que estaban dentro de una bolsa de “supermercado” y que contenían sólo “billetes de 20 mil”. En ese momento, Viviana reconoció los hechos por los cuales la investigó el Ministerio Público.
“Viviana Guzmán dice que el dinero era para pagarle a sus contactos en Puerto Montt, dando a entender, según mi parecer, que era para la gente que permitió la adjudicación de parte de Kimün”, explicó Atala.
Esa reunión duró cerca de una hora y media. Luego, Guzmán tomó la bolsa, salió de la oficina y segundos después, se subió al vehículo de Mauricio Lira Oetiker —su esposo—, un Chevrolet modelo Traverse, con el que se trasladó desde Valdivia a Puerto Montt para realizar el pago a un funcionario de la Dirección de Fomento del GORE, Rodrigo Fuentes Silva.
Sobre el retiro del dinero, Atala recuerda, que “desconozco exactamente como Jaime Huincahue retiró ese dinero que le pasó a Viviana, pero supongo que cobrando un cheque desde la Cuenta Corriente de Kimün, de la cual como dije era el titular y administrador, agregando que respecto a su pregunta, no tengo memoria de haber acompañado a Jaime al banco”.
El colaborador de Kimün, señala que Diego Ancalao no participó de esa reunión, o que al menos “no le recuerda”, y respecto a la relación del excandidato presidencial con Guzmán, desconoce “si ellos eran conocidos de antes”. Pues “solo se rumoreaba que Diego era amigo o conocía al jefe de Viviana en una fundación en la que ella trabajaba”.
Alojamiento, un auto y aranceles
Fuentes Silva omitió tres cosas en su declaración de julio de 2023. Y es que de acuerdo al testimonio de Viviana Guzmán el 27 de mayo de 2024, le dijo “abiertamente” a la lobbista “querer obtener mayores ingresos para mejorar su calidad de vida” y que “le propuso ayudarla en adjudicar o asignar directamente programas ejecutados con fondos públicos a fundaciones o corporaciones que ella presentara al Gore Los Lagos” entre 2022 y 2023.
Rodrigo tampoco precisó que fue ella quien lo puso en contacto con Huincahue. Tanto Guzmán como Silva, acordaron un compromiso: “una vez aprobado un programa para alguna de las organizaciones que ella presentara y estas recibieran los fondos respectivos, se le pagara un porcentaje de dinero de esos fondos por las gestiones que él hubiera realizado”.
En los dichos descritos ante la PDI, Guzmán señaló que trabajaba “en gestionar programas con financiamiento de fondos públicos para Fundaciones, Corporaciones, Agrupaciones o Entidades Privadas, desde hace más de una década a la fecha”, y que realizó labores de “forma clandestina” para que Kimün se adjudicará el convenio, junto con percibir “un pago de $50 millones”.
Con el dinero en su poder, Guzmán se trasladó ese 13 de enero de 2023 hasta Puerto Montt. Y en medio del viaje, de acuerdo a la indagatoria de la PDI, registró dos compras de combustibles (que pagó con recursos públicos) en COPEC y en un Servicentro de Shell, entablado en la Ruta 5 Sur, de la calzada Sur a Norte de la comuna de Puerto Varas. Luego, llegó hasta la vivienda de Fuentes SIlva, una casa de dos pisos color café, ubicada en el sector de Bosquemar de la ciudad porteña, frente a una plaza pequeña. Ahí “le pagó la suma de $6 millones”.
Al día siguiente, se alojó “en un Departamento del Condominio Parque del Valle, ubicado en calle Regimiento de esta ciudad, cercano a la intersección de las calles Maratón Regimiento y Marcelo Fourcade”; mientras que el pago de esa estadía, lo gestionó y canceló su esposo, Mauricio Lira. Al otro día, el 14 de enero, regresó a Valdivia.
Viviana recordó ante los agentes policiales que Silva le dijo que utilizaría el dinero “para el pago de las mensualidades de la educación superior de su hija y para el arreglo de su casa«, manifestando además que el exfuncionario del GORE “hablaba sobre comprarse un vehículo particular”.
La PDI pudo acreditar estos hechos luego de rastrear los números telefónicos de Fuentes Silva y Guzmán, donde “mantuvieron posicionamientos de antenas en la comuna de Puerto Montt”.
El Informe Policial de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Puerto Montt, concluye que efectivamente Rodrigo Fuentes gastó el dinero en la educación de sus hijos y que adquirió también un vehículo. “Mediante averiguaciones en las casas de estudio, fue posible verificar la existencia de al menos cinco pagos en efectivo de los aranceles mensuales correspondiente a los estudios que cursa la hija Fuentes en la carrera de Turismo en la Universidad Santo Tomás Sede Puerto Montt, éstos respecto de los meses de marzo a junio del año 2023, además de dos pagos en los meses de julio y agosto” que se hicieron a través de Servipag.
De acuerdo a documentos tributarios revisados por “La Revista”, la sede emitió 12 boletas ese año y suman $1,5 millones; siete se pagaron en efectivo, de otras cuatro no se pudo establecer el método de pago, mientras que una fue anulada por errores en su registro.
Sobre el auto, el documento al que accedió Doble Espacio, expone que “se logró verificar que Fuentes posee licencia de conducir vigente, y que existe una inscripción de la compra de un automóvil a nombre de su cónyuge Olfa Canales Gajardo con fecha de diciembre de 2023, respecto de un vehículo marca Chery modelo Tiggo 2, año 2001, cuyo avalúo aproximado es de $8 millones”.
