Abogada de Punta Peuco: “Lo que hay acá es solamente odio y venganza con respecto a ellos”

Abogada de Punta Peuco

Abogada de Punta Peuco: “Lo que hay acá es solamente odio y venganza con respecto a ellos”

Doble Espacio conversó con Carla Fernández Montero, la abogada penalista que hoy representa a más de 100 reos en dos causas diferentes, así como a otros militares en retiro que cometieron delitos de lesa humanidad. Entre opiniones acerca de la dictadura y la democracia, Fernández no solo critica la decisión efectuada este lunes por el Presidente Gabriel Boric de convertir en un penal común a la cárcel insignia de quienes violaron los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar, sino que también asume una tesis clara: a los militares que hoy están en Punta Peuco hay que dejarlos morir en sus casas.


Fueron casi dos semanas, siete llamadas telefónicas —en solo una contestó—, cinco mensajes sin respuesta en WhatsApp y un mail olvidado, pero, en esta mañana sin sol en la comuna de Las Condes, al fin aparece en persona. 

La abogada Carla Fernández Montero, de 42 años, metro setenta y cinco y piel pálida, viste con una gabardina roja que cubre toda su teñida negra y saluda con su tono característico: uno tan impasible que pareciera estar en un constante estado de calma, aunque justamente eso es lo que no tiene por estos días. 

Y es que no es lo mismo defender a quienes llamó “resilientes”, “viejos sabios” y “héroes” que a cualquier otro preso común: la abogada de la Universidad Mayor afirma que toma tiempo y dedicación el representar a quienes hoy —en su mayoría— se encuentran en el penal Punta Peuco, que ayer el Presidente Gabriel Boric anunció que se convertiría en la cárcel de Tiltil, un penal común; los mismos que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a opositores durante la dictadura cívico-militar. 

Carla Fernández representó a 134 reos de ese penal en junio de este año al interponer un recurso de amparo —que luego pasó a ser de protección— para evitar el retiro de gran parte de los 105 refrigeradores que hoy, según un informe de Gendarmería, están en la cárcel. El recurso fue un éxito para ella: la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó detener la remoción mientras se cursa una investigación para asegurar la viabilidad de la medida para la población penal. 

Ese, sin embargo, no fue ni el inicio ni el término de su periplo defendiendo a condenados por delitos de lesa humanidad. El comienzo se remonta a su práctica en la oficina de defensa penal de una Corporación de Asistencia Judicial. Allí quedó “impresionada de la vulnerabilidad a la que estaban expuestos” sus hoy representados. Aunque, si queremos ser más exactos con su iniciación, habría que ir aún más atrás: cuando Fernández solamente era una joven que entró a estudiar derecho porque odiaba la “mentira” y la “injusticia”.     

Después de eso vinieron muchos recursos de amparo y de protección; cartas al director en La Tercera y El Mercurio; columnas en El Líbero y el Diario Constitucional en donde denuncia el “geriatricidio carcelario» de Punta Peuco; y su última aparición en la prensa criticando a la medida que esta semana se concretó respecto al penal de la mayoría de sus defendidos: su conversión a una cárcel común donde convivirán con todo tipo de reos.    

Para Fernández esto último no solo constituye un riesgo para quienes representa al tener “otro tipo de nivel delictual” que un preso común, sino que también resulta complejo pues ya hay un nivel de “hacinamiento” en el penal: “¿Por qué no mejorar las condiciones para ellos?”, se pregunta la especialista en derecho penal. 

Y eso la abogada lo afirmará múltiples veces en esta entrevista: Gendarmería no cuida a sus representados, quienes fueron sometidos a “un proceso penal inquisitivo” y hoy están “solos”, muriendo en prisión. 

Si eso es justicia o no para ella pareciera no ser tan importante como aquella tesis que sostendrá a lo largo de la hora exacta que durará la entrevista con Doble Espacio en este exclusivo restorán dentro del Stadio Italiano, en la comuna de Las Condes, aproximadamente a 65 kilómetros del penal insignia de quienes defiende y que visita todos los sábados. Para Fernández, quien afirma no ser pinochetista ni tener color político, a los perpetradores de tantos crímenes entre 1973 y 1990 hay que dejarlos morir en sus casas. 

Presos en sus hogares

– ¿Qué consecuencias para los presos de Punta Peuco podría conllevar la conversión del penal a una cárcel común?

-No pueden tener juntos a presos comunes con quienes actualmente están en Punta Peuco: ni siquiera por un tema de edad, sino por el nivel delictual que tienen ellos. Incluso los que tienen muchos años de condena poseen un bajo riesgo delictual en comparación a otros tipos de presos de cárceles comunes. 

-Una de las opciones que está barajando el Gobierno es llevar a presos de menor peligrosidad al penal. ¿Qué le parece eso?

-Ni siquiera en la cárcel Colina 1 donde condenados por delitos de lesa humanidad conviven con otros presos comunes los han logrado mezclar. Incluso han intentado agredirlos dentro de ese penal, al igual que ha sucedido con las mujeres encarceladas por este tipo de delitos en la penitenciaría de San Joaquín, por lo que van a tener que aumentar la seguridad en Punta Peuco si es que realmente quieren hacer un cambio. 

-En varias columnas de opinión y cartas al director ha afirmado que mantener encarcelados a sus representados vulnera el Estado de Derecho. ¿De qué forma ocurre esto en el contexto actual? 

-Se vulnera de varias formas: de manera física y psíquica porque ni siquiera Gendarmería es capaz de hacerse cargo de ellos y otorgarles sus necesidades más básicas. Tienen que cuidarse entre ellos: el menos viejo cuida al mayor. Y por supuesto que en un Estado de Derecho se podría tener a este tipo de presos en sus casas: también habría una privación de libertad y sería bajo el costo de la familia. Igualmente, se podría ocupar ese espacio para presos que realmente signifiquen un peligro para la sociedad, que no son este tipo de personas. 

Deja de hablar como si la frase hubiera concluido, aunque no lo haya hecho: eso lo repetirá algunas veces más a lo largo de la entrevista. 

-Sin embargo…

-Es un tema de eficiencia.

-Pero, ¿cómo se puede conciliar este cambio de régimen penitenciario con la sensación de impunidad o revictimización que pueden sentir familiares de las víctimas de sus representados?

-Es que no hay ningún tipo de impunidad porque ellos estarían privados de libertad, pero en sus casas. Los seguirán procesando, acusando y condenando. Así, las víctimas obtendrían una condena y en relación a esta recibirán los beneficios que van aparejados a ese tipo de sentencias. Lo que hay acá es solamente odio y venganza con respecto a ellos. 

-De todas maneras sería complejo para los familiares de las víctimas cambiar de régimen a alguien que, por ejemplo, torturó a un ser querido, ¿no cree?

-Pero fue un contexto distinto. Estamos hablando de ancianos, ¿qué peligro para la sociedad podría haber en ellos? Son personas que no necesitan reinserción social. No significaría ningún peligro, y si alguien está con un arresto domiciliario total hasta para ir al médico tiene que pedirle permiso al juez y ser monitoreado por Gendarmería o Carabineros.

“No te podría contestar si apoyaría otro golpe de Estado”

-Mencionó en un discurso ante la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro (Asofar) que el golpe militar fue “una gesta heroica”. ¿Diría, entonces, que son justificables los asesinatos o las personas que fueron detenidas desaparecidas?

-No, yo no justifico ninguna muerte ni ninguna violación a los derechos humanos, para nada. Yo estoy hablando del momento del pronunciamiento, no de lo que pasó posteriormente. 

Hace lo mismo que hace un rato: una pausa larga como si hubiera terminado, aunque no sea así

-Pero…

-No justifico ninguna muerte ni de una persona de izquierda ni de derecha

-Pero durante el golpe de Estado también se asesinaron personas

-Sí, pero no solamente fallecieron personas de izquierda: también militares y carabineros. 

-De todas maneras, si entramos a comparar el número es considerablemente menor a los civiles que murieron ese día. 

-Sí, pero ya está. 

Repite su pausa larga, como si fuera a agregar algo, pero ahora deja su respuesta intacta.

– ¿Cómo concilia sus dichos con las más de tres mil personas que fueron asesinadas o desaparecidas por agentes de la dictadura?

– ¿Cuáles dichos?

-Sobre la gesta heroica.

-Bueno, los partidarios de Allende lo alaban aun cuando llevó al país a la ruina. Son posturas distintas. Respeto lo que ellos piensen y ellos tienen que respetar lo que yo pienso. Cada uno actúa en base a convicciones personales.

– ¿No cree que sus dichos pueden ser considerados como antidemocráticos?

-Si hablamos de democracia ellos son un partido político que jamás ha defendido la democracia. Ellos reconocen como un sistema democrático a Venezuela y a Cuba y eso de manera transversal se ha rechazado, así que parece que democracia se ha convertido en un término subjetivo de acuerdo a lo que le convenga a cada uno. 

– ¿Quiénes son ellos?

– ¿En qué sentido?

-Mencionó que “ellos” consideran a Cuba y Venezuela una democracia. ¿Quiénes son ellos?

-Me refiero a los partidarios de lo que está pasando en ambos países. Puede ser cualquier persona.

– ¿No se refiere a ningún partido político en específico?

-No, porque hay personas que no tienen nada que ver con la política y también gente ligada a la política que creen que efectivamente hay democracia en ambos países. Y quizás nunca vamos a estar de acuerdo, pero sí tenemos que coincidir en que hay que defender los derechos de las personas, independientemente de su partido político. 

– ¿Cómo podemos defender los derechos de una persona si no estamos en un contexto democrático?

-Tendría que preguntárselo a las personas que viven en Venezuela y en Cuba, porque acá hay un contexto democrático, pero no hay un Estado de Derecho para mis representados por el procedimiento penal al que son sometidos, el cual es totalmente antigarantista.

– ¿Usted se considera una persona que apoya a la democracia?

-Por supuesto, me gusta utilizar las herramientas del derecho que están establecidas en la ley. Eso obviamente habla de la democracia.

-Sin embargo, si se diera un contexto similar al de 1973, ¿apoyaría otro golpe de Estado?

-La verdad es que uno tendría que encontrarse en un contexto similar. No lo sé, no te podría contestar si apoyaría otro golpe de Estado. 

“A mí me dan pena todos los presos”

-Ante el retiro de refrigeradores personales de los reos de Punta Peuco mencionó que aquello constituye “un maltrato o tortura hacia estas personas que mancilla su dignidad”. ¿De qué forma aquello puede constituir una tortura para sus representados? 

-Constituye una tortura porque la sanción legal es inmotivada e injustificada. Los refrigeradores en ningún momento le han generado algún daño a Gendarmería y todos los que ingresaron fueron previo a una autorización. Hubo un permiso de por medio porque efectivamente hay una necesidad de tener un refrigerador ahí. Y la tortura es hacer un daño psicológico, porque no solamente es el tema de los refrigeradores: les pusieron un límite de visita, Gendarmería dijo qué podían comer y qué no podían comer, etc. 

-Aquello responde a una situación de hacinamiento carcelario a nivel país también, ¿no cree?

-Por supuesto: a mí me dan pena todos los presos.

– ¿Independientemente del delito que hayan cometido?

-Eso no me importa, porque yo estoy defendiendo los derechos de esa persona que están establecidos en la ley. 

– ¿Es complejo para usted el proceso de diferenciar a la persona del delito que cometió?

– ¿En qué sentido?

-Por ejemplo, al defender a un violador.

-Yo no defendería a un violador. 

– ¿Por qué?

-Porque soy madre y soy mujer también. 

-Pero también hay que defender sus derechos resguardados en la ley, ¿no cree? 

-Merece una buena defensa y quizá yo no se la podría otorgar. En ningún momento dije que se debería pudrir en la cárcel, pero yo no tendría la objetividad. No podría defenderlo y después mirar a mi hijo a la cara. Con respecto a todo otro tipo de presos no tengo ningún prejuicio con respecto a sus personas. A mí me gusta el derecho penal y la defensa. Y creo que para condenarlo están los tribunales, no yo. 

-En ese caso, entonces, ¿usted se considera una persona “objetiva” en lo que respecta a defender a condenados por delitos de lesa humanidad?

– ¿En qué sentido objetiva?

-En lo que respecta a su defensa. 

-Es decir…

-Como no le pasa con personas que hayan violado a alguien, por ejemplo.

-Yo reconozco que todas las personas tienen derecho a ser defendidas judicialmente. Lo que pasa es que mi enfoque principal está en la defensa de personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

– ¿Y aspira a seguir defendiendo a este tipo de personas?

-Totalmente. Yo no podría ser abogada de otra forma que no sea defendiéndolos a ellos, a sus derechos. Tanto en su proceso como en la vulneración de garantías a las personas que están privadas de libertad.

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